La tregua concedida al recién inaugurado Yehude Simon estaba destinada a acabar prematura y abruptamente. El Mogueguazo II y el Tacnazo I demuestran que hay quienes están dispuestos a no desperdiciar oportunidades de torcer la mano al gobierno y subvertir su modelo "neoliberal", buscando explotar la imagen de apertura y tolerancia del premier por la cual se hizo merecedor de la aprobación de la opinión pública.
Como el actual rebrote de protestas regionales es predominantemente político, por parte de la oposición se distinguen
dos estrategias mediáticas definidas que apuntan a marcar el rumbo al gobierno en la persona premier Simon imponiéndole agendas so pena de debilitarlo políticamente, desprestigiarlo ante la opinión pública y, de paso, acabar con sus aspiraciones presidenciales.
La primera es meramente retórica y populista, consistente en señalar
generalidades que, basadas en fundamentos o premisas bastante discutibles (por superficiales), constituyen un amasijo de indefiniciones que pueden significar cualquier cosa dependiendo del humor de quien las enuncia, de tal forma que siempre habrá justificación para el descontento. Es claramente la estrategia de los radicales
como Ollanta Humala que saben muy bien que aquella es la forma más efectiva de capitalizarse políticamente y la manera más políticamente correcta de albergar la violencia, legitimada a la sazón como "reacción obligada". De ahí que sus invocaciones democráticas (como la llamada al diálogo) sean maniobras efectistas destinadas más a debilitar las posiciones oficialistas que a establecer puentes de entendimiento, apelando siempre al movimientismo o al estallido social como moneda de cambio. En este juego cayó Del Castillo asumiendo compromisos que luego desatendió, lo que le valió al gobierno una fregadera por partida doble que el actual premier está heredando.
La segunda estrategia se basa en
especificidades, en puntos concretos que aparentan ser una receta infalible para el mejoramiento de la democracia pero que en realidad enmarcarían la gestión de este gobierno dentro de un cauce político determinado muy rentable políticamente en el corto plazo pero que, a fuerza de contravenir y discriminar 'positivamente' a grupos catalogados (no sin arbitrariedad) como antidemocráticos, alimentaría un estado de confrontación política tan o más grave que el anterior. A esto conduce, por ejemplo, el derechohumanismo de ciertos grupos de la sociedad civil que, concentrados en criminalizar las faltas y omisiones del estado (y la ciudadanía) en este tema, prácticamente favorecen las posiciones políticas de los grupos subversivos que se amparan en la defensa de los DD.HH. para sus proyectos totalitarios. De hecho comparten el mismo interés por el control y modelado social igualitario (homologador). El
activismo de personajes como la señora
Susana Villarán es una muestra de ello.
Sean generales o específicos los imperativos políticos de los ciertos grupos opositores, ambos comparten el afán de echar mano del estado so pretexto de su reforma recurriendo a la democracia para implantar modelos que luego la acabarán. Por más que el premier comparta algunas de estas ideas, supongo que debe percibir el peligro que entraña ceder ante las presiones cívicas y sociales impulsadas más por discursos que por fundamentos reales.
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