“ES UNA AGRESIÓN”. Sobre el tema, Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), declaró a Perú.21 que la falta de protección y cuidado de los indígenas aislados en nuestra selva es una agresión del Estado a esos pueblos.La perla se puede comprender mejor si recordamos cómo los dirigentes amazónicos se opusieron a que el estado flexibilizara la forma en que se concede legalmente la propiedad en la región. Los "agredidos" suponen que un marco legal menos restrictivo para la actividad formal significará "desprotección".
“El Gobierno no tiene buena fue con los no contactados. Hace todo lo posible para verlos desaparecer y, así, poder dar en concesión sus tierras para la explotación de hidrocarburos”, subrayó el dirigente nativo.
Semejante análisis no hace sino ignorar (sospechosamente) al verdadero agente de sus desgracias: la actividad ilegal. Como todos sabemos las barreras de ingreso a la formalidad son tan altas que justifican a la informalidad y la ilegalidad convertidas a la sazón en sustento de amplios sectores de la población. Tal es la amplitud de la economía informal que interactua con los mecanismos formales, insertándose dentro de la dinámica económica nacional total.
Si la explotación de la riqueza natural es una actividad necesaria para la subsistencia de la población amazónica ¿porque sustraerla de la formalidad? La lógica de la informalidad es acceder a los bienes y recursos inasequibles formalmente por medios "alternativos" como la ilegalidad. La protección del estado se vuelve dificultosa si la actividad a regular o controlar no está anclada en la formalidad. Es mas negligente otorgar margen a la informalidad que flexibilizar el ingreso a la formalidad.
Si el estado o las empresas formales son generadoras de abuso o explotación, su alternativa es mucho peor. La extracción ilegal es ene veces más abusiva y contaminante. Más que escoger (o no) el "mal menor", se trata de orden de prioridades: no se puede proteger nada con las manos vacías. Destruir sí.
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¿Y qué pasa cuando la actividad ilegal se disfraza de legal? ¿Qué pasa con los abusos en nombre de la ley y el progreso? ¿Y, finalmente, por qué no se ofrece una solución tan simple como liberal, a saber, declarar como dueños del subsuelo a los dueños del suelo? Sobre esto último nadie dice ni pío. Los supuestos liberales insisten, cuando les convieven en la salida socialista de que el subsuelo es propiedad "de todos los peruanos". No, pues.
ResponderBorrarPero "los dueños", la comunidad, el colectivo, es un minisocialismo. Como en todo socialismo cuando se deja todo a "la mayoria" se ahoga toda iniciativa particular y la capacidad de construir acuerdos en libertad.
ResponderBorrarLas leyes derogadas liberalizaban poco. Lo único que hacían era requerir mayoria simple para que esa comunidad decidiera. Pero un algo es algo. Menos barreras para la actividad formal siempre es saludable.
Menos barreras no puede querer decir más posibilidades de estafar y de barrer con las comunidades nativas. Menos barreras no puede querer decir quitarle a los indígenas el derecho a su suelo. Que ellos se organicen como les parezca, en comunidades socialistas, si así lo desean, al estilo de los kibutz. Si eso no les funciona, ellos verán su error. Será su problema. Pero ni el Estado ni las empresas privadas tienen derecho de desalojarlos en nombre de nada. En Estados Unidos, si alguien quiere explotar tu propiedad, tiene que negociar directamente contigo y te paga a ti las regalías. Por eso no hay problemas de comunidades desplazadas ni de personas que se empobrecen porque, paradójicamente, hay mucha riqueza debajo de su propiedad. Las leyes que tenemos en el Perú fomentan el abuso, el caos social y la agresión contra los más pobres. ¿Por qué insistir en la absurda y malvada doctrina de que las riquezas minerales son "de todos los peruanos"?
ResponderBorrarEstoy de acuerdo en eso del "de todos los peruanos" es la legitimación del abuso. Pero para mi su version "mini" es el "de toda la comunidad". Hay un problema alli con la propiedad individual que se agrava con el comunitarismo de factura incierta: ¿de que modelo comunitario se tratará?
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