Política, no justicia: AMNISTÍA y DERECHOS HUMANOS

Es notorio que el afán de los organismos defensores de los DD.HH. por condenar en masa -institucionalmente- los excesos y abusos de miembros de las FF.AA. durante la lucha contra el terrorismo (y más allá) es política disfrazada de justicia. A fuerza de remover todo vestigio de autoritarismo y tiranía basado en el uso de la fuerza, se busca encumbrar a la bienpensantía cívica (agrupada en organizaciones y redes de la sociedad civil) como institución "rectora" del estado y la ciudadanía. Una suerte de aristocracia ("gobierno de los mejores"). A eso me remite, por ejemplo, estos objetivos del IDL:

• Contribuir a cerrar adecuadamente el ciclo político peruano de violencia y autoritarismo de los veinte años anteriores, creando las condiciones para evitar su repetición y para que la nación aprenda y aproveche las de las lecciones de lo vivido.
  
• Contribuir a partir de identificar y actuar sobre un conjunto de ámbitos claves de nuestra especialidad, a que en la transición democrática se sienten las bases de una democracia auténtica, estable, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Legitimar y ampliar el espacio de intervención de organizaciones de la sociedad civil en los asuntos nacionales, combinando una capacidad técnico profesional de primer nivel con una responsable pero exigente fiscalización del manejo de la vida pública
  
• Consolidar al IDL como una de las instituciones líderes de la sociedad civil en el país en los diferentes campos de su intervención fortaleciendo su institucionalidad, su reconocimiento y la eficacia de su intervención

Se trataría de reemplazar la hegemonía de la violencia y la represión por la del pensamiento y el modelado ciudadano. ¿Hay algo de malo en eso? Aparte que en realidad se trata de una estructura de poder que intenta reemplazar a otra, el caso es que el viejo orden está siendo caracterizado arbitrariamente como cíclicamente violento y autoritario, lo que equivaldría a decir que la violencia da lugar al autoritarismo y viceversa. No solamente el fujimorismo (autoritarismo, corrupción y demás) se podría justificar como reacción al terrorismo, sino que éste a su vez puede legitimarse como reacción al régimen anterior. Tanto la acción del estado como la subversión estarían moralmente equiparadas, lo cual es francamente inaceptable.

Por eso son (o deberían ser) comprensibles las resistencias de las FF.AA. y del gobierno aún aceptando la dinámica planteada por el derechohumanismo cuya ontología ("violencia estructural", "guerra sucia", etc.) y metodología ("memoria histórica", institucionalización de la culpa) dominan el panorama. Así se explicaría mejor el proyecto de amnistía lanzado por un congresista oficilista: más que "globo de ensayo" podría ser un intento de tomar la iniciativa en este juego político mediante una incursión en el frente mediático donde las organizaciones de DD.HH. y sus compañeros de viaje (la CVR, ONGs, partidos) tienen bien afianzadas sus posiciones.

El problema es que un enfrentamiento político de esta naturaleza no será sostenible en el mediano plazo, pues las estrategias mediáticas de los contendores están dando señales de agotamiento. La muestra más notable de la degeneración de este conflicto es la radicalización de posturas: sentimientos encontrados que se traducen en manifestaciones de violencia que van desde los fujimoristas rabiosos que irrumpen en ceremonias cívicas, hasta los radicales antisistema que buscan articularse en organizaciones subversivas.

De esta forma se repetiría la historia, no por un circulo vicioso de provocaciones sino por una visión particular de la realidad, funcional a un proyecto político ilustrado.

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